Por Mauricio Gamio Pino
Universidad Nacional de San Agustín
Era el año 2002 y Arequipa seguía con interés las noticias sobre la venta de Egasa, empresa eléctrica que abastece de luz a la ciudad y otras localidades del Sur del país, Alejandro Toledo llevaba un año como presidente y en plena campaña presidencial había firmado un compromiso de no vender la empresa eléctrica, lo que sucedió en el mes de junio fue el estallido de una revuelta popular en la que participo gran parte de la población, la revuelta fue encabezada por su alcalde Juan Manuel Guillen (que se había manifestado a favor de la venta de la empresa), aprovechando así subir su popularidad, y por un grupo de dirigente unidos bajo el nombre de Frente amplio cívico de Arequipa (FACA).
Lo siguente fue una semana en que la ciudad no tubo ninguna actividad además de las revueltas, los comercios, centros comerciales, colegios y universidades permanecieron cerrados, en una revuelta que representó para los arequipeños una mas de las llamadas ”Revoluciones” de los siglo XIX y XX cuya última gran manifestación se dio en junio de 1950 contra el gobierno de Odria, sin embargo la protesta del año 2002 no fue una mas de las llamadas “revoluciones arequipeñas”, sino la primera de las protestas populares del siglo XXI y que después de esta que posteriormente fue denominada como “Arequipazo” y fue el primero de los posteriores Moqueguazos, y demás protestas sociales en todo el Perú, este nuevo tipo de protesta se da un contexto totalmente diferente, la población exige que la empresa eléctrica no sea vendida pues considera que de ser así el costo de la luz eléctrica se elevara sustancialmente, una de las características de los levantamientos que se van a producir a partir del año 2000, es la importancia que estos recursos representan para la población.
A lo largo de estos últimos diez años la protesta social se ha masificado a nivel nacional, poniendo de manifiesto las grandes diferencias políticas, económicas y principalmente sociales que existen en el país, la minería y la agricultura parecen ser opuestas en este nuevo escenario, problema que refleja el pésimo trabajo que realizaron las empresas mineras en las últimas décadas entre las comunidades campesinas y en el aspecto ambiental que han convertido a algunos lugares del país en sitios inhabitables. El gobierno afronta ahora los conflictos internos que tiene que saber manejar para mantener la paz social, la economía estable y una ecología sustentable, en un país con un crecimiento económico reciente y una sociedad dividida, el problema para este nuevo gobierno radica en la importancia que la minería tiene para la economía nacional y el agua que esta utilizara en sus operaciones, agua que también es utilizada por las comunidades agrícolas.
En el manejo de estos conflictos es crucial para mantener la estabilidad del país, para lo que el gobierno debe saber imponer su autoridad ya a la empresa privada que tiene que saber respetar los recursos naturales, y saber controlar a la población en la protesta, de lo contrario se generaría desorden en el país lo que seria un gran prejuicio para todos los peruanos.
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