Por Luis Rodríguez Toledo
Estudiante de Quinto año de Historia (UNMSM)
El objetivo del presente ensayo es bosquejar el estado actual del movimiento social en nuestro país tomando como indicadores las reivindicaciones y los gremios protagonistas. Según el informe de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo se ha producido y desarrollado más de 227 conflictos hasta mayo del año pasado[1], y otros se han intensificado aún más en el semestre pasado sobretodo en relación al tema minero en Cajamarca. Más del 50 % de estos conflictos se deben a temas socio-ambientales producidos por los efectos nocivos de la actividad minera.
Es cierto que cuando José María Arguedas vivía notaba las contradicciones que existían en nuestro país, pero básicamente se refería a diferencias étnicas. En una carta dirigida a Jhon Murra fechada el 1 de febrero de 1967[2] nota como en Chimbote se mezclan poblaciones andinas (que son la mayoría) con las pobladores de la costa, y a pesar del intenso intercambio comercial y cultural de ambos mundos: el andino y el costero viven en estratos diferenciados socialmente a través de códigos aceptados y muy implícitos. En Lima las grandes masas de inmigrantes hacen que estos hombres tiendan a acriollarse para poder sobrevivir y adaptarse con facilidad a la urbanidad, en trabajos de obreros, pescadores, sirvientes, etc. Sin embargo la mezcla étnica y cultural no fue la solución a los conflictos cuya ebullición data de esta década, Carlos Ivan Degregori en su libro sobre el origen y nacimiento de Sendero Luminoso en las décadas predecesoras a 1983 hace notar que este fenómeno de la violencia política es endógeno de nuestra sociedad, como también lo sugería Alberto Flores Galindo y Nelson Manrique, un movimiento social como el ocurrido en Huanta y las luchas que movilizo a campesinos, obreros y estudiantes en Ayacucho por la educación son elementos claros de los pedidos de modernidad que hace este mundo rural. En realidad no hay ninguna contradicción con lo que plantea José María Arguedas, mucho más allá de sus cultores de imagen revolucionaria que se reproduce aún hoy día, mucho más allá de ello, José María Arguedas pudo descubrir por su investigaciones etnológicas que en algunas provincias de nuestro mundo andino los pobladores no tenían una concepción negativa de la occidentalización o modernidad, en realidad los pedidos básicos o pliegos de reclamos que se formulaban entre esas décadas pedían esa penetración moderna tanto de colegios, servicios básicos y carreteras, entonces ¿desde cuando se ha tomado rumbos distintos?. Podría explicarse que la condena de la protesta social o esa mala imagen de campesinos terroristas se deben a la penetración del PCP-SL en el imaginario nacional de relacionar todo aquel acto de protesta con el terror.
Pero si las luchas al inicio del siglo XX eran políticas y se referían a las condiciones del obrero, luego seguirían aquellas luchas cotidianas de la vida práctica que se refiere a la diferencia de etnias en un mismo espacio producto de las inmigraciones y que desvelaría un mundo rural desconocido, desconocido por las ideas socialistas de inicios del siglo XX en nuestro país, por los movimientos obreros y sindicales, aún desconocido por los intelectuales que lo rebajaron al termino homogéneo y colonial de “indio” como lo hizo tanto Deustua, Lavalle, Encinas como el mismo José Carlos Mariátegui, no fue sino hasta José María Arguedas que al “indio” se le dio otra realidad, más compleja y diversa, encontrado en El Mantaro, Ayacucho y Chimbote realidades distintas y por ende necesidades distintas, al fin y al cabo todos los “indios” no eran iguales y tenían diferencias étnicas, económicas y culturales, aún así la mayoría ante un olvido sistemático del Estado requería estar acorde a las condiciones del país y por ende exigía la penetración de la modernidad y desarrollo. La podredumbre a la que fue condenado el mundo andino hasta bien entrados el siglo XX hizo que surgieran diversos intentos de cambio de la base social, unos más radicales que otros, más políticos que otros y así. Hubo rebeliones de campesinos durante todo ese siglo desde Rumi Maqui, Pedro Atusparia y otros, hubo penetración de guerrillas urbanas instaladas en el mundo andino, y el mismo PCP-SL surgió en uno de los departamentos más pobres del Perú (Ayacucho) y al inicio tuvo un mediano respaldo, un estudio[3] actual ha demostrado que mucho de los militantes del PCP-SL no eran tanto del sector campesino sino del sector de educación, es decir profesores y estudiantes (tanto universitarios como colegiales) que sentían la indiferencia e inoperancia del Estado en donde vivían, sentían una marginación social y vivían bajo la carga de la exclusión. El saldo de esta aventura dogmatica y violenta del PCP-SL fue de cerca de 70.000 muertos de ambos bandos, la criminalización a la protesta social y un estado inoperante de movilización, la reducción de los espacios de izquierda a simples cúpulas ansiosas de poder, un alejamiento de la política por parte de los jóvenes y un letargo en la vida agitada de los gremios. Sin embargo a la caída del régimen de Fujimori que nos dejo toda esa herencia, el movimiento social se levanto de a pocos, es cierto que se inicio con la confluencia de un conjunto de organizaciones y colectivos que pedían la caída del dictador, es cierto que en esa confluencia estuvieron muchos partidos políticos que no ven la protesta social como un medio de solución de conflictos, el mismo Perú Posible lideraba aquella histórica “Marcha de los 4 suyos”, es cierto todo eso, pero a partir de ello fue que el movimiento social se recupero débilmente en nuestros días.
Alberto Adrianzen en una celebre columna del diario La República[4] mencionaba que la mayoría de los conflictos sociales que se dan en nuestro país se debe a temas socio-ambientales, a la defensa de los recursos naturales y sus implicancias en la vida. Los varios gremios y colectivos que se han formado para estos fines en el interior del país tienen la siguiente lógica, realizan demandas para revocar leyes, decretos supremos o diversos ataques estatales. Esto se ha dado preocupantemente en todo el Perú, la minería es ahora el símbolo del crecimiento económico y es reproducido en la prensa como el indicador de ingresos económicos en el país, mientras la otra realidad que no vemos o sentimos desde Lima nos demuestra un país cuyos ríos han sido intoxicados, cuyos niños han sido envenenados y que no hay ningún reparo en destruir ecosistemas. El tema más inmediato se refiere al protagonizado en Cajamarca desde hace algunos meses, se quieren secar ríos y lagunas destruyendo ecosistemas enteros, esto genero una movilización de las autoridades regionales contra el proyecto Conga que a finales de noviembre ya generaba paros y enfrentamientos con los policías. Pero en realidad estos enfrentamientos del año 2010 y 2011 son la explosión de un tema generado hace décadas y que se refiere a la contradicción entre los intereses de ciertos grupos económicos y las poblaciones autónomas dañadas, esta contradicción llevo al enfrentamiento en Bagua en junio del 2009 en uno de los episodios más lamentables de nuestra historia actual, con muertes tanto de policías como de campesinos amazónicos de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui. Esto se debe a que las reglas del Convenio169 no se aplicaron y no se respeto el derecho de las comunidades. Bagua y Conga son los ejemplos más recordados en la memoria colectiva sobre las situaciones de conflicto en las regiones de nuestro país, pero a estas se suman varios conflictos con el mismo problema por parte de los pobladores y con el mismo ataque por parte del Estado.
En el 2011 los 227 conflictos sociales que se produjeron en nuestro país tuvieron respuesta de los gremios en Ayacucho donde la Asociación de Mineros Informales de Luicho en Paucar lucha varias hectáreas de oro y plata con las comunidades campesinas de Pomacocha. Un conflicto paradigmático, ya que la disputa no es con las instituciones estatales sino con una provincia aledaña demostrando la heterogeneidad de intereses en el interior de nuestro país. Esta minería informal (ilegal en otras palabras) es hasta cierto punto explicada por la ineficiencia del Estado para generar puestos de trabajo en esa zona y olvidándola dejándola en la pobreza, los pobladores mencionan que gracias a la minería de oro y plata sus condiciones han mejorado considerablemente. En Ucayali la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (COMPACCP) ha movilizado a los pobladores de Aguaytia en función del proceso de la erradicación de diez mil hectáreas de cocales, hecho que quieren impedir haciendo velar sus derechos como agricultores. En Andahuaylas la Federación Campesina pide un decreto supremo que suspenda las concesiones mineras, es decir aquí ya no hay ningún tipo de concesión o pedido a medios sino una simple y absoluta negación de la presencia minera en esa zona.
En Ancash el tema es el mismo, los Comuneros de Recuay y Huari se quejan sobre la presencia de la minera Antamina, debido a que la contaminación afecta la ganadería al promover pastos infectados que no son comestibles por los animales y la agricultura no produce entre otros motivos por el agua envenenada. En Tacna los gremios se unen contra el proyecto de ampliación minera de la Southern debido a los problemas de medio ambiente ya señalados. Y esto es preocupante, la Autoridad Nacional de Agua (ANA) menciona que 21 ríos del país están contaminados con elementos mineros, los departamentos más afectados son Cajamarca, Ancash, Tumbes, Piura y La Libertad. Por este motivo en Islay (Arequipa) los agricultores manifiestan la preocupación por la contaminación del río Tambo que afecta las actividades económicas de los agricultores que los dejarían sin agua para sus tierras.
En Loreto el Frente Patriótico y varias organizaciones realizaron protestas contra la aplicación de una ley estatal que desviaría el trasvase de los ríos Marañon y Huallaga hacia la costa. Un mismo caso sobre el daño a ecosistemas que poco le importa al Estado. En el río Marañon la provincia de Datem por medio de la Organización Shuar del Morona (OSHDEM) realizó protestas contra la empresa petrolera. Y en Puno el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Región Puno, unión de gremios de El Collao-Ilave se movilizan contra la minería, pueblos aimaras durante 45 días realizaron paros y protestas durante el mayo pasado debido al problema de décadas que tienen en esa región y es los daños colaterales que produce la actividad extractiva en esas regiones. El Frente de Defensa por la Vida y el Medio Ambiente de Sócota de la provincia de Cajamarca en Cutervo también menciona su oposición del ingreso a la minería por la contaminación del agua de los ríos, en Cuzco Espinar la Defensoría del Pueblo del Cuzco se pronuncia contra el proyecto Majes-Siguas.
Todos estos conflictos tienen casi los mismos móviles, persiguen y piden cosas tan básicas y humanas, sus gremios producen un movimiento social digno de ser escuchado pero por lo general son peleas regionales que llegan a Lima de manera distorsionada e insignificante, el Estado no tiene ningún interés en solucionarlo a pesar de que se reduzca los problema a una ecuación tan simple como elegir entre el dinero o la vida.
La información del movimiento social de trabajadores en el interior del país me es poca, solo encontré en Lima. Los casos más representativos actuales de las reivindicaciones de los trabajadores no dista mucho de los pliego de reclamos de las cartas de obreros de a inicios del siglo XX[5], es decir las reivindicaciones generales se deben al incremento de salarios y generar mejores condiciones laborales. Esta actividad sindical tuve su eco más fuerte en agosto cuando el sindicato de trabajadores en Ripley realizó varias protestas. Así mismo los trabajadores de Poder Judicial protagonizaron la misma situación en el 2010, otros sindicatos como el de TopyTop no solo luchan por mejores salarios sino también para impedir despidos arbitrarios entre otros temas. Pero generalmente estos reclamos son efímeros y no desarrollan más allá de logrado su reivindicación inmediata.
En las universidades el nivel de desarrollo de movimiento social es complejo y variado, la PUCP ha logrado movilizar fuertes cantidades de estudiantes de su población, una respuesta estudiantil que se ha reflejado en los intereses administrativos de dicha universidad contra el afán intervencionista de la Iglesia Católica, aquí los estudiantes hablan de autonomía y de pluralidad de ideas, cambiando la naturaleza originaria de la universidad. En la UNAC las federaciones y centros federados se han movilizado por el Reglamento de Estudios de Pre Grado, un documento que impondría varias limitaciones en los estudiantes a la hora de la matricula. La UNMSM en su historia después de la caída del régimen fujimontesinista no ha sabido desarrollarse por luchas concretas ni tampoco ha logrado activar sus órganos representativos como la FUSM, una intestina lucha entre espacios ha llevado a los supervivientes gremios de la universidad ha limitarse a temas locales o a luchas inmediatas y físicas, como el célebre movimiento de autonomía en contra de la aplicación del proyecto de la Municipalidad de Lima en la construcción de un By Pass y un anillo vial en la Av. Venezuela y Av. Universitaria que recortaría parte del campus universitario, el movimiento de estudiantes fuera de esta coyuntura (aún no resuelta) es pasiva y lenta, en parte por los fantasmas de la antipolitica y la herencia de Fujimori. Los gremios de las universidades de nuestro país tienen nivel de respuesta minúsculo, solo casos como los de Huancavelica hicieron recordar el extraordinario movimiento ocurrido en Huanta, por otro lado el proyecto de la ley universitaria 23733 que ha sido tachada por varios sectores estudiantiles como antipopular y excluyente no ha sido debatida en las universidad a un nivel suficiente que recomponga sus alicaídas fuerzas lo que hace suponer que la actividad de gremios estudiantiles y su capacidad de movilización es insignificante en relación a los ataques del Estado y al nivel de desarrollo de otros gremios sociales del interior de nuestro país. A esto la FEP, un gremio irreconocido que no ayuda en nada se sostiene como un elemento burocrático incapaz de movilizar más allá de los sectores que se encuentren en su dirección.
Nuestra conclusión se reduce a mencionar que el movimiento social actual en nuestro país tiene su mayor intensidad en los conflictos regionales producidos por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, hablamos ya no de una reivindicación sino una defensa de la vida en el sentido estricto, en algunas zonas aún se consiente la minería controlada y cuidadosa, en otras se niega completamente la actividad minera, se ha desarrollado una brecha donde lamentablemente los improvisados gremios o frentes de defensa están solos. Los sindicatos de trabajadores persigue reivindicaciones inmediatas relacionado a su aspecto laboral mientras los gremios estudiantiles no salen aún del “efecto-Fujimori” sobretodo en San Marcos, su protagonismo es mínusculo en el desarrollo del movimiento social a nivel nacional. En realidad no hay unidad de los tres sectores que deberían ser capaces de movilizar a la población, los sectores de campesinos, trabajadores y estudiantes están separados caminando solos, uno más indefenso que el otro.
[1] Luis Rodriguez Toledo, “El diciembre de aquel año” en http://www.annalicemoshist8ria.blogspot.com/2011/12/el-diciembre-de-ese-enero.html
[2] “El Perú hirviente de estos días” en Allpanchis, 17/18, 1981.
[3] Gabriel Salazar Borja, “Apuntes sobre la captación de escolares por el PCP-SL según las fuentes de la CVR en la provincia de Vilcashuaman, 1975-1980” en Memorias del Primer Congreso Internacional de Estudiantes de Historias Lima, 2008
[4] Alberto Adrianzen, “La religión del presidente” en La República, 25 de junio del 2011.
[5] Mariza Huamán. “Cartas y denuncias de la clase obrera a inicios del siglo XX” en Memorias del Primer Congreso Internacional de Estudiantes de Historias Lima, 2008
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