Juan Guillermo Monja Rodríguez
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
En estos últimos meses se viene generando opinión en cuanto al sometimiento del poder político del estado hacia la derecha neoliberal. El estado como parte de sus funciones y a través de la capacidad de tomar decisiones debiera enfrentar los diferentes problemas que le competen tomando en cuenta y sobretodo beneficiando a los sectores más vulnerables por la hasta ahora escasa atención del estado o por la intervención de intereses económicos particulares. Al margen de la utopía o el “debe ser”, nos encontramos que en el acontecer de los movimientos sociales y problemas en que se pronuncie la masa social, el estado es perseguido por la intervención de poderes oscuros que finalmente no es otra cosa que intereses económico.
Es preciso contextualizar la perspectiva de la capacidad de decisión del estado y en el camino hacia ese afán nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Una de ellas es la clara intervención de carácter económica que azota hasta ahora el controversial Proyecto Especial Olmos Tinajones (En adelante PEOT).
Lamentablemente el “anhelo lambayecano” como lo denominaron muchos amantes a ver las tierras lambayecanas producir una vez iniciado el proceso de irrigación y específicamente ver progresar a los comuneros y comuneras dedicados a la agricultura, no ha tenido el rostro humano y social que debiera contar muy a pesar del carácter público y ser perteneciente del estado. Y cual es el fundamento podrían preguntarse, es muy sencillo desde el año pasado el PEOT ha realizado un proceso de desalojo forzoso que consistió en clausura de pozos, quemado de cercos y por si fuera poco derrumbe de viviendas quedando familias enteras a la intemperie en altas horas de la noche pues se negaban a dejar los territorios expropiados y trasladarse sin estar seguros de los compromisos y beneficios ofrecidos.
El motivo del desalojo es más que obvio, pues si nos preguntamos que puede obligar al PEOT y específicamente al estado para que puedan actuar de esta manera. La respuesta es más que sencilla el lugar que ocuparon las familias desalojadas y en donde hasta la fecha mantienen su ganado pues se dedican a la pequeña ganadería, lugar que han ocupado los comuneros por largos años como pertenecientes a la comunidad Santo Domingo de Olmos en calidad de posesionarios, dicha área está destinada a las obras de irrigación denominada poligonal, la cual viene siendo subastada y es menester que las tierras a subastar se encuentren liberadas de la presencia de comuneros. El PEOT ha sido capturado en tanto que a mancillado los derechos de los comuneros de Olmos y así mismo los ha obligado a recibir un trato indigno, lo cual es ya motivo de preocupación de diferentes organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos.
Entonces la oferta que recibiría la concedente ODEBRECH (a través de su subsidiario H2Olmos) a cambio del trato inhumano que realiza el PEOT con los comuneros en Olmos es la subasta, que como explicado líneas arriba ha sido menester que se encuentren liberadas, donde el trasfondo es el precio recibido por dicho proceso donde “La negociación hecha entre el GRL y la empresa H2Olmos no implica una equidad (…) pues se subastarán 38 mil hectáreas a US$ 4,250 por ha como precio base. De ese monto, la subsidiaria de Odebrecht recibirá US$ 3,645 y el GRL solo US$ 650, monto que inicialmente era de solo US$ 300.[1]
Así mismo habiéndose culminado dos subastas con fechas nueve de diciembre del año pasado y doce de abril del presente año donde se han subastado 28 mil hectáreas con un monto total de 142.7 millones de dólares con un precio promedio de US$ 5.095 por ha[2], el trata se vuelve mas hostil pues encontrándose aun los comuneros en sus lugares de origen, la presión recibida obedece, a que la las tierras ya fueron subastadas y los dueños reclaman las tierras “saneadas” de comuneros, para lo cual el PEOT ha endurecido el trato con los comuneros incluso desconociendo a la Junta de Administración Local, como organización comunal, planteándose de esta manera un latente problema social pues lo comuneros han manifestado que “si en los próximos días, los responsables del PEOT no cumplen con una serie de compromisos escritos en el 2011, unas 65 familias volveremos a ocupar las tierras que por décadas eran de nuestra propiedad.” [3]
La evidencia en el proceder del PEOT- Gobierno Regional es la clara intervención de intereses económicos que ponen en desmedro a los derechos de las y los comuneros pertenecientes a la Comunidad Santo Domingo de Olmos, bajo la lógica del desarrollo desplazan los derechos y ponen en riesgo a sectores que pocas veces son visualizados por el estado y con este tipo de proceder lo que hace es ponerlos de cara con la discriminación, violencia, humillación y a puertas de la pobreza.
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