Reforma universitaria y movimiento universitario. Apuntes para un análisis actual

Por Johel Miguel Pozo Tinoco

Egresado de la especialidad de Historia 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La problemática en torno a la educación superior en el Perú puede organizarse en varios aspectos de carácter estructural y otros de carácter coyuntural. Entre los problemas de carácter estructural podemos señalar aquellos derivados de la aplicación del capitalismo en el Perú y del desarrollo institucional del Estado. Ambos elementos son componentes de la estructura socioeconómica que el país presenta dentro de un contexto internacional de expansión capitalista.

La aplicación del capitalismo en el Perú desde la década de 1990 ha significado la liberalización (privatización) de la educación, permitiendo el uso de capitales para brindar un servicio. Como tal la privatización es un proceso económico, que supedita su moral (axiología y deontología) a los intereses de las ganancias del capital. Los problemas derivados de este proceso son básicamente:

a.    Generar (o afianzar) un mercado nuevo, el mercado de la educación.

b.    Reforzar la especulación capitalista en la educación superior.

c.    Condicionar el servicio educativo a las ganancias del capital, las leyes de la oferta y la demanda y a la rentabilidad de otros servicios asociados.

d.    Concentrar un segmento de la población importante y orientar su lógica educativa (rol ideológico).

e.    Reforzar la separación entre especialidades en pro del desarrollo empresarial. Vale decir poner la educación al servicio de los intereses empresariales (acorde a la división social del trabajo).

f.     Mercantilizar el contenido científico, técnico y humanístico en pro de una ideología pragmática y capitalista.

El desarrollo institucional en los últimos años ha enfrentado la polémica de “reforma del Estado”. Esta reforma también está supeditada al desarrollo del capitalismo en el Perú, pero yendo más allá de lo evidente esta polémica gana o pierde sentido si es que ciertas instituciones a pesar de estar en crisis guardan coherencia con el desarrollo capitalista. Vale decir que si ciertas instituciones en condición de crisis no afectan al desarrollo del capitalismo, esta situación no será políticamente relevante.

En el caso de la universidad pública, las múltiples discusiones iniciadas por las autoridades giran en torno de cómo hacer coincidir el rendimiento de la universidad pública a los intereses empresariales. Haciendo quedar, a su vez, en mera verborrea el slogan de proyección social o responsabilidad social  pues estas frases sólo se aplican al capitalismo como estrategias para afianzar aún más la división social y la miseria. Vale decir que el capitalismo no se desarrolla preocupándose por el bienestar de la población, sino de maximizar su bienestar a costa del trabajo de la población disfrazando su interés particular de clase como interés de la sociedad en general.

Pero examinando la universidad pública desde una perspectiva institucional, y según los múltiples informes oficiales y los artículos que autoridades publican, podemos señalar los siguientes problemas:

a.    Corrupción de funcionarios (docentes, administrativos y estudiantes).

b.    Malversación de fondos (en todos los niveles presupuestales)

c.    Débil desarrollo de investigaciones científicas, técnicas y humanísticas.

d.    Débil fiscalización interna y nula fiscalización externa, lo cual permite definir a las universidades públicas como islas.

e.    Desconexión del desarrollo universitario y del desarrollo de la ciudadanía (denominada por el derecho vigente como sociedad civil y agrupaciones cívicas)

f.     Ausencia de un sistema integral de evaluación de la calidad académica (la aplicación de SINEACE está aún pendiente y busca equipararse a los estándares de calidad a la educación acordes a las normas ISO que rige para el sector privado)

g.    Escaza presencia política a nivel de otras instituciones del Estado, la universidad pública no es partícipe de la política institucional o legal de manera relevante.

En el caso de la educación superior privada encontramos una fuerte contradicción pues mientras la lógica capitalista rige a la mayoría de universidades privadas la Ley Universitaria 23733 en el artículo 6° señala que las universidades privadas son “personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro” cuyo excedente debe ser redistribuido en el servicio educativo que brindan. La Ley Universitaria como letra muerta deja entrever la débil presencia del Estado pues una parte de la regulación corresponde a la ANR otra parte como es el régimen laboral se enmarca en el régimen privado y al mismo tiempo toda universidad privada mantiene privilegios tributarios pero con una lógica claramente lucrativa.

Otro hecho que merece un estudio más detallado es la expansión de universidades privadas en provincias mediante la modalidad de filiales, cosa que es expresamente prohibida para las universidades públicas. Esto permite una expansión, abre el camino para la especulación empresarial, la sobreoferta de carreras y especialidades, la sobreoferta de egresados lo cual acarrea de manera directa una disminución del valor del salario a nivel general por exceso de oferta de trabajadores especializados (profesionales).

Entonces ¿Qué regula el Estado de las universidades privadas? Dentro del marco legal sólo su normal comportamiento empresarial. Lejos de ser una regulación es una forma de obediencia al poner servidores públicos y en general una amplía burocracia a los intereses del capital legal, de aquellas empresas que por la magnitud de sus capitales pueden ejercer presión legal sobre otras más pequeñas.

Como hemos visto a grandes rasgos la problemática de la universidad superior tiene como aspectos estructurales la aplicación de capitalismo y el desarrollo institucional. Es necesario profundizar en estos aspectos, la documentación es abundante y tediosa debido al abundante lenguaje técnico. Pero es evidente que una reforma universitaria que parte de las mismas autoridades buscará poner en sintonía el desempeño económico y el desarrollo institucional según las presiones empresariales. La aplicación de la teoría neo-institucional desarrollada por Douglas North es evidente en todo intento de reforma, pues se le da más importancia a los factores institucionales que a aquellos técnicos o económicos para transformar una realidad dada.

Pero yendo un poco más allá del rendimiento de la teoría de North podemos señalar que el capitalismo en sí mismo es el problema y no aquellas instituciones que no se adecúan a su desarrollo. El capitalismo se rige por la propiedad privada sobre medios de producción, división de clases sociales, enajenación del trabajo, formación de una ideología de la dominación, entre otros procesos que pueden ser constatados estadísticamente y de múltiples formas.

El capitalismo genera riqueza pero la concentra en pocas manos, abre campos para el trabajo pero explotando al trabajador, cuando entra en crisis toda la sociedad sufre pero cuando entra en auge sólo unos cuantos se benefician. En el sector educativo acarrea consecuencias peligrosas porque establece un nexo entre el interés empresarial y el desarrollo universitario. Afianza el objetivo con el que muchos estudiantes ingresan que es ascender socioeconómicamente dejando como letra muerta el artículo 3°a de la ley universitaria vigente que señala como principio de toda universidad “La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad”.

Son incompatibles los intereses que persiguen las empresas en relación a los trabajadores (ganancia versus salario) y en relación a las demandas sociales de la población (ganancias versus calidad intelectual, calidad de vida). Sobre estas contradicciones se erigen instituciones que avalan, impulsan y promueven un sistema económico paradójico y que a nivel internacional ha vuelto a entrar en franca crisis.

Para comprender bien el proceso completo es necesario plantear una problemática adicional. La problemática del movimiento universitario frente a las reformas universitarias.

Históricamente la universidad satisfizo los intereses de los estamentos nobles alimentando de teólogos y de cortesanos a las monarquías. La modernidad permitió que la universidad ampliara su rango de formación a matemáticos, físicos y filósofos que permitieron a su vez una renovación tecnológica muy acelerada que desembocó en el Siglo de las Luces y la Revolución Industrial. Luego de reprimirse a los movimientos campesinos, anarquistas y comunistas durante el siglo XIX la burguesía defendió con uñas y dientes el nuevo Estado moderno fundado en el capital. Absorbió a los terratenientes y a la aristocracia; sometió a campesinos y obreros; mantuvo una prudente separación entre centros industriales (productivos) y centros de enseñanza (intelectuales) dentro del nuevo crecimiento urbano; limitó el acceso a la educación; generó ciencia para una élite reducida y mantuvo en embrutecimiento progresivo a millones de obreros mediante nuevas propagandas como es el consumismo.

En América el grito de Córdoba significó el grito de las clases medias por participar de mejor manera en la competencia por mano de obra calificada o especializada. La universidad actual es la esperanza de la baja burguesía porque en ella se halla la tan ansiada ascendencia social separándose del obrero no especializado. Es su esperanza y todo intento de reforma está asociado a un interés particular, sobre todo en ciudades, para que un sector de la población haga su sueño realidad, el sueño burgués, el sueño capitalista de dominar sobre el trabajo de otros.

Como tal, gran parte del contenido poblacional e ideológico del movimiento universitario es burgués. Sobre todo en ciudades donde es más evidente las plataformas de lucha estudiantiles las cuales se circunscriben actualmente en:

a.    Mejoras académicas

b.    Mejoras en los servicios complementarios (residencia, comedores, bolsa de trabajo, bibliotecas, etc.)

c.    Participación en el co-gobierno (Tercios estudiantiles, centros federados, entre otros)

En un inicio se había señalado los factores coyunturales asociados a la problemática universitaria. Estos factores obedecen a cuestiones muy superficiales que debilitan, desgastan y mantienen entretenido al movimiento estudiantil mientras se desarrollan los factores estructurales sin rasguño alguno.

Muchos de estos factores coyunturales permiten la formación de una falsa conciencia en el colectivo estudiantil universitario. Un ejemplo palpable de esto es que la mitad del año regular es de propaganda y campañas electorales de autoridades (docentes y estudiantiles) y la otra mitad se pierde en eventos rutinarios y poco trascendentes. Otro ejemplo de esto son las medidas de fuerza que conllevan a enfrentamientos que se desvían de una orientación clara. Por decirlo de alguna manera: se llega al ridículo de medir al movimiento estudiantil por la cantidad de marchas y tomas, dejando de lado la producción intelectual, la lucha ideológica o las propuestas programáticas. Entre una larga serie de elementos coyunturales o fortuitos se puede hacer un agrupamiento. Entre los principales elementos de esta falsa conciencia estudiantil podemos señalar:

a.    Concebir que el cambio de autoridades generará un cambio en la política o las instituciones políticas universitarias.

Este razonamiento tan mecánico e inocente es usado para distraer la atención o generar confusión entre los estudiantes. Lo más paradójico es que son los mismos estudiantes los que reproducen esta idea sirviendo como parlantes de lo que las autoridades, sean corruptas o no, desean.

b.    Concebir que el movimiento estudiantil desarrolla una plataforma de lucha diferenciada de la docente.

Siendo el movimiento estudiantil tan heterogéneo es posible hallar una tendencia común con arreglo a los condicionamientos reales a los que está sometido. Este condicionamiento es básicamente el trabajo, el movimiento estudiantil comprende miembros que en un breve tiempo serán sometidos por el sistema laboral lo cual los equiparará a los docentes que son también obreros, trabajadores.

Mientras el movimiento particularice más y más sus demandas entonces perderá fuerza y se aislará tanto que se convertirá en un grupo social inútil para los verdaderos movimientos sociales que surgen en los mismos centros de contradicción (empresas, tierras, comunidades, etc.)

c.    Concebir que la mayor participación estudiantil en el co-gobierno conllevará a un cambio en la política o las instituciones políticas universitarias. O de otra forma pensar que esa mayor participación es reflejo de mayor representatividad.

Esto vale lo mismo que decir que eligiendo a uno que otro representante es suficiente para cambios de carácter estructural. Esto es tan ingenuo como pensar que sobre una autoridad pesará más su conciencia que el sistema que lo sostiene y condiciona. O peor aún, conlleva a la falsa idea de que la representatividad es un fenómeno cuantitativo, de suma o resta de miembros; dejando de lado el contenido de intereses políticos o partidario que existen y que determinan la actividad de los “representantes”.

d.    Concebir que el marco de acción política estudiantil es el marco legal.

La acción política que se encuadre dentro de la legalidad puede ser atractiva pero no va más allá de un mero reformismo o legalismo. En el caso del movimiento universitario se puede llegar a absurdos tan enormes como solicitar permiso a las autoridades para realizar marchas de protesta contra esas mismas autoridades. O a otro absurdo más grande aún que es la participación en elecciones y en la democracia que el capitalismo permite según las reglas de la misma política capitalista.

e.    Atribuir a las autoridades la responsabilidad total de la crisis de la universidad pública.

Esto exonera a todos los estudiantes corruptos, mediocres y oportunistas de cualquier culpa. Incluso podría llegarse al absurdo de pensar de que la calidad académica está en función directa de la corrupción de autoridades, una justificación tan torpe del bajo nivel intelectual de los estudiantes. Peor aún cuando parte de la mediocridad es prácticamente auspiciada por los líderes de diferentes agrupaciones estudiantiles reflejándose esto en la poca producción formal de tesis universitarias o la poca producción  no formal mediante revistas o investigaciones alternas. Esto nos enfrenta a tener líderes de opinión sin liderazgo intelectual.

f.     Concebir al movimiento estudiantil como abanderado intelectual de la sociedad.

Idea que refuerza la soberbia del intelectual de aislarse en un círculo cada vez más reducido que pierde contacto con los movimientos sociales que desarrollan líneas propias de análisis contextualizadas en necesidades concretas. Como diría Lenin se requiere “análisis concreto de la realidad concreta”, si ello se requiere es porque no se da, si no se da es porque el movimiento estudiantil se haya desconectado intelectualmente de los movimientos sociales. Tal como es palpable la acción intelectual de agrupaciones estudiantiles universitarias se ha reducido a la propaganda.

Estos elementos de falsa conciencia deben ser analizados con más profundidad y bajo la luz de propuestas para generar un cambio en el movimiento estudiantil desde dentro. Agregar a esto que desde una perspectiva dialéctica, la transformación ideológica conducida programáticamente según objetivos concretos no sólo es necesaria, sino urgentísima. Lo que para muchos marxistas ortodoxos vendría ser el revisionismo pone de manifiesto la manera más cobarde  de huir a la polémica y a la transformación ideológica; es necesario afrontar y participar de una transformación ideológica a la par de una transformación de las condiciones concretas de organización.

¿Cuál es la caracterización de las propuestas de reforma universitaria?

En la actualidad existe una propuesta emitida por el partido Gana Perú (PNP) que viene ganando fuerza, es el Proyecto de Ley 174/2001-CR presentado al Congreso de la República. Este proyecto de ley universitaria tiene todas las virtudes que el marco legal actual permite, está dentro de los límites, dentro de las fronteras de lo permitido. Dentro de esta limitación evidente es posible hallar algunos elementos muy importantes y a la vez polémicos.

Primero podemos señalar algunos puntos que siendo interesantes y novedosos deben enfrentar un largo cuestionamiento.

La primera novedad se encuentra en los artículos 7° y 82° donde se señala la implementación del Sistema Nacional Universitario con un órgano ejecutivo que es el Consejo Nacional de Universidades. Esta propuesta busca articular la educación superior universitaria pero, como se señaló antes, debe enfrentar varias cuestiones ¿Qué lo diferenciaría de la Asamblea Nacional de Rectores y del proyecto de Red Peruana de Universidades? ¿Todas estas instituciones funcionarían paralelamente articulando a las universidades en el país? ¿Alguna sería desactivada? ¿Habría una contradicción o una colaboración entre todas ellas? ¿De dónde se derivaría el presupuesto para este nuevo órgano? Siendo un poco más desconfiado ¿Acaso esto no conllevaría a un crecimiento burocrático innecesario con el correlativo despilfarro presupuestal? ¿Cuáles son los criterios objetivos sobre los que se sostiene esta propuesta? ¿Es una reforma de la realidad institucional o sólo de los nombres que ellas ostentan?

En segundo lugar cabe mencionar una figura un poco oscura o con atisbos de populismo cuando no de mera expansión burocrática: El Defensor Universitario. El artículo 81° señala que cada universidad elegirá su respectivo Defensor Universitario paradójicamente de entre las mismas autoridades sospechosas y culpables de corrupción. Lo mismo ocurre con la formación del Tribunal de Honor que señala el artículo 37°. ¿Qué resuelve o resolvería un funcionario más si el sistema de islas (o de aislamiento que permite la corrupción) no se corrige?

En tercer lugar podemos señalar la propuesta más importante que es el cambio en la modalidad de autoridades. Para el caso de la elección del rector el artículo 30° señala que sea mediante el mecanismo de elecciones generales con ponderamiento de los votos estudiantiles (1/3) y de los votos docentes (2/3). Un proceso político que estaba reservado a oscuras alianzas entre docentes y estudiantes de la Asamblea Universitaria se abre ante el panorama de toda la comunidad universitaria. Este es uno de los contenidos más importantes y es hasta donde se puede llegar legalmente, el siguiente nivel sería el de la organización de los estudiantes ante esta nueva configuración.

Estos cambios deben enfrentar un cuestionamiento largo bajo la luz de una concepción clara de la universidad peruana y su rol en nuestra sociedad.

Y sobre la concepción encontramos algo revelador en la propuesta de “incubadoras de empresas” señalada en el artículo 45° de este proyecto de ley. Precisamente esto deja entrever cómo es que el sistema capitalista no sólo le da lugar a las universidades sino que busca ponerlas al servicio del mismo sistema.

Por la misma vía reveladora vemos en el artículo 46° como es que se reafirma la existencia de los Centros Preuniversitarios que afianzan un tipo de exclusión económica evidente. Se condiciona el ingreso directo al rendimiento académico de entre los que pueden costear un valor alto por este servicio.

No tan revelador pero muy escueto es el artículo 57° sobre las universidades privadas y su definición, su diferenciación con respecto a las públicas y la orientación a la que deben enmarcarse estas universidades si tomamos en cuenta que el Estado debe ser el ente regulador. La ley 23733 vigente al menos incorpora la salvedad de definirlas como entes sin fines de lucro, pero este proyecto deja en oscuridad este punto importantísimo, si es que hablamos de reforma universitaria sobre este punto se reforma a favor de la universidad privada.

Este proyecto también repite elementos muy negativos que limitan la participación estudiantil como lo es el artículo 40° de la Ley universitaria 23733 que se repite en el artículo 25° de este proyecto donde se señala que “la inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento” de los órganos de cogobierno como lo son la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad. Este punto se hace muy perjudicial conociendo los antecedentes de las autoridades docentes de realizar reuniones en secreto cuando el movimiento estudiantil presiona sobre ciertas exigencias.

Finalmente cabe mencionar el artículo 74° de este proyecto de ley como una novedad positiva. En este punto se establece como requisito para ser elegido como representante estudiantil ciertos criterios académicos como lo es pertenecer al quinto superior de rendimiento académico. En pos de una presión intelectual esta novedad en el fondo puede encerrar algo muy positivo que es superar la condición de facilismo académico que existe en muchas facultades de universidades públicas. Nuevamente esto significa un desafío para las organizaciones estudiantiles que en más de una ocasión han tenido que lidiar con “estudiantes eternos” o eternamente mediocres pero de gran influencia política. Situación que se puede volver interesante cuando esos estudiantes que están muy por debajo del quinto superior han asumido durante un tiempo el papel de líderes en diferentes organizaciones. Definitivamente esto lleva al debate el cual debe desarrollarse en los espacios correspondientes.

La naturaleza de este proyecto de ley universitaria sería de un mero reformismo que debe ser discutido con mayor amplitud. Es revelador en muchos puntos de su contenido pero también es revelador porque es una reforma del sistema que proviene del mismo sistema. El movimiento estudiantil no cuenta con una propuesta orgánica sino de demandas muy puntuales que no son articuladas bajo una concepción o ideología clara. Por decirlo de alguna manera: si esta reforma prospera será el éxito del capitalismo y de los sectores políticos que se encuentran bajo su orientación.

La reforma universitaria es iniciativa de autoridades al servicio de la orientación capitalista que el país mantiene. Ante ello la capacidad de las organizaciones estudiantiles sólo llegan a responder mediante eventos en los cuales los mismos docentes y autoridades discuten entre sí.

En estos últimos años no han surgido propuestas desde los movimientos estudiantiles, en el caso de la Universidad San Marcos incluso la Comisión de Coordinación de Reforma Universitaria tiene bastante terreno avanzado con su propuesta elaborada el año 2006 y que ya anticipó, desde ese año, bastantes contenidos descritos en el proyecto presentado por Gana Perú (PNP). Y que si de hechos reveladores estábamos hablando este proyecto dice algo interesante en su artículo 9°: “En el caso de las universidades privadas, éstas son creadas por iniciativa de particulares bajo cualquier modalidad existente en el derecho común, inscribiéndose en los Registros Públicos.” Y continúa: “No hay impedimento para establecer centros de investigación, experimentación y transferencia tecnológica fuera de su ámbito provincial, más sí en el caso de filiales, sucursales y anexos.” Esto abre la posibilidad de facilitar la competencia entre universidades públicas y privadas dentro de un espíritu empresarial, ante ello el silencio de las organizaciones estudiantiles puede llevarnos a cambiar de problema e ir de la reforma universitaria a la reforma de los movimientos estudiantiles. Problema que aborda otros factores que escapan de es estos apuntes y que nos pone como exigencia el debate y la lucha de ideas como formas de esclarecimiento de la lucha de intereses.